El próximo incremento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en bebidas azucaradas genera alerta no solo en Yucatán, sino también en Quintana Roo, donde los pequeños comercios advierten que el impacto podría ser devastador para las “tienditas” y negocios que dependen de la venta de refrescos.
De acuerdo con cifras del sector, en Yucatán existen más de 24 mil tienditas que viven en gran parte de la venta de refrescos y bebidas saborizadas, mientras que en Quintana Roo la cifra supera las 12 mil tiendas de abarrotes que también enfrentan un panorama complicado.
¿Qué implica el nuevo impuesto?
- El IEPS a bebidas saborizadas pasará de $1.64 a $3.08 por litro, lo que se reflejará en un aumento de hasta 3 pesos por botella en el precio final al consumidor.
- Especialistas calculan que el ajuste podría provocar una caída en el consumo de entre 10 % y 15 %, afectando directamente las ganancias de miles de pequeños negocios en la península.
Tienditas y servifrescos en riesgo
Negocios conocidos como “servifrescos”, que basan gran parte de su ingreso en la venta de refrescos fríos, serían los más golpeados con esta medida, ya que el aumento en precios podría alejar a los consumidores de bajos ingresos.
En zonas populares de Chetumal, Cancún y Playa del Carmen, comerciantes ya anticipan que la clientela podría reducir su consumo o cambiar a productos más económicos, lo que representaría un golpe directo a la economía familiar y al comercio local.
¿Y el beneficio a la salud?
Aunque el gobierno federal sostiene que el objetivo es reducir enfermedades como la diabetes y la obesidad, especialistas señalan que desde 2014, año en que se aplicó por primera vez el IEPS, la recaudación aumentó, pero los indicadores de salud no han mejorado de manera significativa.
En contraste, los ingresos fiscales derivados de este impuesto han seguido en ascenso, mientras que miles de familias que viven del comercio minorista ven amenazada su estabilidad.
Llamado de comerciantes
Organizaciones de pequeños comerciantes en Yucatán y Quintana Roo han solicitado que se revisen los efectos de esta medida y que se impulsen alternativas de apoyo económico para los negocios más vulnerables, a fin de evitar cierres y pérdida de empleos.
